¿EE.UU. escuchará argumentos de antiterrorista cubano?

El movimiento solidario internacional con la causa de los cinco antiterroristas cubanos encarcelados en Estados Unidos permanece atento al curso de la apelación de Hábeas corpus de Gerardo Hernández, uno de los prisioneros.

  Hernández, penado a doble cadena perpetua más 15 años, y confinado en una penitenciaría de máxima seguridad en Victorville, California, radicó el 16 de agosto en un tribunal de Miami y ante la jueza Joan Lenard, la misma que los condenó a todos en el 2001, una réplica de 65 páginas en la que se incluyen nuevos argumentos de este recurso.

La réplica es el paso que siguió a la respuesta del gobierno estadounidense, cuando en octubre de 2010 la Defensa entregó a la corte miamense el memorando de la apelación.

Ahora, entre los documentos aportados por su representación legal hay tres anexos con una declaración jurada del abogado Paul McKenna, en la que este admite que tuvo errores en la defensa de Gerardo.

Además se abunda en otros dos textos acerca del pago de un cuarto de millón de dólares a periodistas de medios de prensa de Miami, instruidos para demonizar a los acusados y lograr de antemano una sentencia de culpabilidad.

El curso normal del caso de Hernández Nordelo ya acabó desde el punto de vista jurídico, pero se apeló a ese procedimiento extraordinario, oportunidad que se otorga por una sola vez a los convictos cuando se agotaron sin éxito todos sus recursos legales.

Precisamente el Hábeas corpus lo solicita un acusado cuando considera que han sido violados sus derechos fundamentales, amparados por la Constitución del país, por lo que acude a una corte para revisar la sentencia.

En abril pasado la fiscal Caroline Heck Miller, actuando en nombre del gobierno de Estados Unidos, solicitó al tribunal miamense rechazar el trámite legal que favorecería al antiterrorista cubano.

Por eso a inicios de agosto la Asamblea Nacional del Poder Popular tomó un acuerdo de urgencia a favor del prisionero, pues los próximos días serán concluyentes respecto a su Hábeas corpus.

Sin embargo, como en ocasiones anteriores, le interpusieron obstáculos, los cuales fueron adicionales a su situación carcelaria extrema.

Por ejemplo, se le dificultó la comunicación con sus abogados y con los funcionarios consulares cubanos y se le restringió e impidió el acceso a la correspondencia, incluida la de carácter legal vinculada al caso, señaló el acuerdo de los diputados.
De ahí que el Parlamento cubano exigiera poner fin de inmediato a esa situación injusta e ilegal y reclamara la solidaridad de todas las personas honestas, en especial con Gerardo Hernández, quien en 2009 tampoco fue beneficiado con una reducción de sentencia como ocurrió con Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González.

A esta carga de arbitrariedades se suma, además, la negativa durante estos años para que sea visitado por su esposa Adriana Pérez.

“Tenemos una enorme preocupación porque este hombre, que lleva ya 13 años de prisión al igual que sus cuatro hermanos, y ahora también se ensañan en impedir que sus argumentos sean escuchados”, afirma a Prensa Latina Graciela Ramírez, coordinadora del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco.

Para los amigos del mundo es crucial â�öadvirtió Ramírezâ�ö que se multipliquen las acciones de solidaridad y ya comenzaron a ponerse en práctica el envío de cartas, correos electrónicos y llamadas telefónicas a la Casa Blanca.

Además se han convocado plantones frente a las embajadas estadounidenses en los distintos países, para exigir que se respete el derecho de Gerardo al Hábeas corpus y que sean oídos sus argumentos, a la luz de las nuevas evidencias.

¿CUÁL ES EL TEMOR?

La petición de Hábeas corpus de Hernández Nordelo está basada en dos cuestiones fundamentales: la prevaricación, pues está documentado que Washington pagó a periodistas de Miami en perjuicio de los Cinco, como se identifica a esos luchadores a nivel mundial.

Y por otra parte contempla su absoluta inocencia respecto al derribo de dos avionetas pertenecientes a la organización terrorista radicada en Miami, Florida, Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996. Por el incidente fue condenado Gerardo a una de las dos cadenas perpetuas que pesan sobre él.
Uno de los elementos que plantea ese recurso es la solicitud al gobierno de Estados Unidos para que muestre las imágenes satelitales de sus radares, con lo cual se verificaría lo que sostiene La Habana: esas avionetas fueron derribadas en aguas cubanas.

Por lo tanto la acción fue una respuesta en legítima defensa de la soberanía nacional. “¿A qué le teme entonces Estados Unidos, por qué en todos estos años se ha negado a mostrar esas imágenes?”, pregunta la Coordinadora del Comité solidario.

Hace una década, el 25 de mayo de 2001, la Casa Blanca admitió que no tenía evidencias para sustentar el cargo de conspiración para cometer asesinato contra Gerardo y pidió retirarlo.

La conclusión quedó plasmada en un documento oficial del gobierno titulado Solicitud de Urgencia de un Auto Inhibitorio a la Corte de Apelaciones.

“A la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos en este caso y probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo”, alegó el texto.

La Corte rechazó la solicitud y el jurado en pleno lo declaró culpable, en primer grado, del supuesto crimen.

UN LARGO CAMINO DE INJUSTICIAS

El pasado 9 de agosto se cumplieron seis años de que un tribunal estadounidense declaró nulo el juicio celebrado en Miami contra los cinco antiterroristas cubanos; sin embargo, maniobras políticas y subterfugios legales permiten que aún continúen en prisión.

Como resultado de aquel juicio, concluido en diciembre de 2001, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, fueron sentenciados a penas que van desde doble cadena perpetua más 15 años, hasta 15 años de cárcel.

Luego de conocer las sentencias, Los Cinco pidieron la revisión de la causa ante la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, situado fuera de Florida, en Atlanta, Georgia.
Más de un año duró la revisión de los documentos del caso hasta que el 9 de agosto de 2005, un panel de tres jueces de esa instancia hizo público su veredicto.

En un detallado análisis de 93 páginas, los magistrados revocaron las condenas sobre la base de que Los Cinco no recibieron un juicio justo en Miami. Fue ordenado un nuevo proceso judicial.

Los letrados evaluaron que era imposible un proceso imparcial en esa ciudad del sur de la Florida, debido a los prejuicios y la animosidad existentes contra Cuba en dicha localidad. Pero en particular, los jueces reconocieron la evidencia presentada por la defensa en el tribunal miamense, en la que salió a flote el historial de acciones terroristas planificadas en contra de la isla caribeña por grupos violentos radicados en la Florida.

En el informe de 93 páginas se cita incluso en una nota al pie, al criminal internacional Luis Posada Carriles, a quien recalifica como terrorista.

Un contexto que fue sustentado por esa prensa pagada para promover un ambiente de odio contra los inculpados, actitud que incluso llegó al punto de la intimidación a miembros del jurado, abogados y testigos.

La propia jueza se quejó en múltiples ocasiones y solicitó al gobierno que pusiera fin a una situación que como un grito a voces violaba las normas del debido proceso.

Se creó toda una tormenta perfecta, que condujo a la opinión unánime de 2005: se anuló aquel proceso, pero lamentablemente, presiones del gobierno de George W. Bush invalidaron lo que entonces fue un justo fallo.

Pero meses antes, en mayo, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas había advertido que el arresto de los Cinco fue arbitrario e ilegal, y en consecuencia reclamó su liberación inmediata.

Seis años después de aquel dictamen, Los Cinco permanecen encarcelados, decisión a la cual se oponen premios Nobels, parlamentos enteros y un amplio movimiento internacional que exige al gobierno de Estados Unidos y, en particular al presidente Barack Obama, la liberación de ellos.

“Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René, están prisioneros desde el 12 de septiembre de 1998. Obama debe reconocer que se ha prolongado demasiado el dolor de esos hombres y sus familias”, subrayó Graciela Ramírez.

También, alertó: “El mundo debe estar vigilante ante el Hábeas corpus de Gerardo. Negarle ese derecho nos resulta realmente indignante y detestable”.

Escuchará el gobierno estadounidense los argumentos del antiterrorista, atenderá las pruebas que lo exculpan, escuchará la verdad que se ha intentado ignorar por más de una década.

Aunque no existe plazo para emitir una respuesta, si la conducta de la jueza Lenard llegara a desestimar la petición de la fiscal Heck Miller, entonces estaría actuando en bien de la justicia como lo reclama la solidaridad internacional.

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