Fondos sin veto

El senador demócrata John Kerry levantó el veto a los fondos que promueven la llamada democracia en Cuba, aunque lo desaprueba el legislador Patrick Leahy, miembro de su partido, destaca hoy el diario The Washington Post.
A inicios de abril, el congresista por Massachusetts (noreste) se opuso al desembolso de 20 millones de dólares adicionales para programas cuyo fin, según ha denunciado el gobierno de Cuba, es tratar de subvertir el sistema político del país caribeño.
Kerry, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, solicitó entonces una revisión plena del destino del dinero, tras la detección de algunas irregularidades (se dice que hubo malversación a chorro y que la platica se empleó en comprar chocolates y abrigos de pieles).
Por eso pidió a la Oficina de Supervisión del Congreso (GAO, por su sigla en inglés) que determinara la eficacia del programa, implementado desde 1996.
En ese momento consideró suspender la subvención porque “no hay prueba de que los programas de promoción de la democracia, que hasta la fecha le han costado a los contribuyentes estadounidenses más de 150 millones de dólares, estén ayudando al pueblo cubano”, dijo.
Frederick Jones, portavoz de Kerry, informó que ahora el senador expresó su aprobación para el uso de los fondos.
Pero con la condición â�öseñalóâ�ö de que el Departamento de Estado y la Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) rindan cuenta al congreso sobre los resultados de la revisión, argumenta el rotativo.
Un editorial del martes en el Investors Business Daily, un periódico nacional de negocios, especuló que la actual actitud de Kerry tiene relación con sus intereses de ser el próximo secretario de Estado.
La presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Letinhen, republicana de origen cubano y conocida por su acérrima postura contra La Habana, manifestó su satisfacción por la decisión de Kerry y fustigó al senador de Vermont (noreste).
El anuncio de Kerry en abril, se produjo luego de que el Departamento de Estado le notificara al Congreso, el 31 de marzo, que la Casa Blanca estaba lista para comenzar a gastar los 20 millones de dólares que fueran aprobados por los legisladores en 2008.
Un dinero que sería administrado por la Usaid para programas cuyos supuestos destinatarios en Cuba son los niños, jóvenes, grupos religiosos y otros sectores de la denominada sociedad civil.
Además, tiene el propósito de fomentar proyectos para ampliar el supuesto acceso de los cubanos a la información con el uso de la Internet.
En marzo fue juzgado y condenado en La Habana a 15 años de prisión un enviado de la Usaid, el contratista estadounidense Alan Gross, por intentar distribuir medios de comunicación satelital de forma ilegal dentro de la comunidad judía cubana.

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